La difícil situación de los menores frente a la Justicia

La periodista Rocío López, alumna del Máster de Periodismo de Datos impartido por el Centro Universitario Villanueva, es la autora del trabajo de final de máster Menores Frente a la Justicia.

En primer lugar, el TFM plantea cuál es la situación del menor frente a la justicia y qué condiciones debe reunir para poder diagnosticarse en situación de desamparo. Según fuentes oficiales, se considera situación de riesgo aquella en la que, a causa de carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, perjudica el desarrollo personal, familiar, social o educativo del menor, además de su bienestar o sus derechos.

En 2015, el porcentaje de los menores de edad en riesgo aumento un 33%

Ser un menor en situación de desamparo no siempre significa que pueda llegar a cometer un delito, pero sí que es cierto que según datos de las distintas memorias anuales de la Fiscalía de Menores ha descendido la delincuencia juvenil. En 2011, las diligencias sobrepasaban las cien mil. Pero, en 2015, las  eran 77.840, disminuyendo un 4,73% en los últimos cuatro años.

Entre los distintos delitos que se pueden cometer, se encuentran los delitos graves, correspondientes a delitos contra la vida y la integridad física, tanto intencionadas como imprudentes. Después hay delitos contra el patrimonio que abarcan el robo con fuerza, robos con violencia e intimidación, hurto y daños. A continuación, los delitos de violencia doméstica, violencia de género, delitos contra la libertad sexual  y delitos contra la seguridad vial, que siguen ascendiendo desde 2005.

Una vez cometidos los delitos, las Fiscalía tiene un modus operandi: en un primer momento el Estado analiza cada caso detenidamente y una vez analizado cada caso, produce una sentencia que a posteriori se traduce como una medida impuesta.

La Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia realizó una investigación publicada en el boletín de datos estadísticos de medidas impuestas a menores infractores en 2015 donde se destacaban los datos de las medidas impuestas a menores diferenciandos por sexo y edad.

En el análisis se tuvieron en cuenta los menores comprendidos entre los 18-21 años, que son los más abundantes en la imposición de medidas. Curiosamente el 83% de ellos son niños, y sin embargo, el 17,21% corresponde a las niñas.

De las medidas impuestas 29.416 son a niños mientras que 6.117 son a niñas

“Es evidente que los menores necesitan un control y seguimiento tutorizado en su reeducación para que la reinserción sea lo más completa posible. Para ello es necesario el apoyo constante, es decir la vigilancia de un progenitor, tutor, o guardador de hecho (asistente social, funcionario de centro de reforma,  u otros actores psicosociales-psicólogos, grados sociales, etc.-) que asisten e intervienen en reorientar el comportamiento de los menores responsables/autores de delitos”aseguraba José Serrano, del Equipo de Mujer y del Menor (EMUME) de la Guardia Civil.

Posibles infractores y formas de detención

“Con menores de 14 años no se les puede imputar porque así lo dice la ley de responsabilidad penal de menores. Esto no impide que se les pueda aplicar medidas de reeducación y asistenciales necesarias para su protección y su bienestar”. Así lo asegura José Serrano, agente de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de los Equipos de Mujer y Menor (EMUME).

La detención se practica de forma que no se perjudique al menor, a su reputación o a su persona. Dependiendo de las circunstancias personales o el delito cometido, sobre todo si se trata de delitos violentos, sexuales o terroristas. Se evita la espectacularidad, el empleo de lenguaje duro, la violencia física o la exhibición de armas.

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